Estos acuerdos permitieron el despojo del derecho a la salud integral de 803 trabajadores, en coincidencia con los fracasos del proyecto Permian en EE. UU., y la imposición del cobro obligatorio del 2% a todos los empleados del grupo empresarial, luego extendido a toda la industria por la Resolución 3380 de 2025; por ello, SINDISPETROL anunció una demanda de inconstitucionalidad y un estudio técnico del proyecto Permian basado en los informes 20-F de ECOPETROL.
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